Durante sus casi 24 años de operación, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no estuvo exento de señalamientos en torno al manejo de sus recursos y el destino final de estos, sin embargo, este instrumento financiero requería una transformación profunda no su total extinción.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), por ejemplo, reportó el año pasado el manejo irregular de los recursos destinados a sanear los efectos de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017.
Para atender esta emergencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó 19,804.8 millones de pesos, de los cuales 18,380.5 millones de pesos fueron recursos provenientes del Fonden, sin embargo la revisión de la ASF advirtió deficiencias en la aplicación de recursos para atender acciones, trabajos y obras de carácter prioritario, para mitigar daños ocasionados a infraestructura hidráulica, carretera y educativa en Oaxaca, Morelos y Chiapas.
En 2017 la organización México Evalúa también alertó que en 15 auditorías elaboradas por la ASF, se detectó un un posible daño al erario por 4,180 millones de pesos de un monto total de 17,827 millones de pesos.
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En aquel momento este organismo señaló que los recursos del fondo se depositaban en fideicomisos locales que estaban marcados por la falta de transparencia toda vez que “contrataban obra pública con malas prácticas”.
Los integrantes de la Cámara de Diputados aprobaron el martes el dictamen que propone la extinción del FONDEN que hasta este año contaba con 3,800 millones de pesos, junto con otros 108 fondos y fideicomisos como parte del dictamen integrado por el grupo parlamentario de Morena.
Modificar no desaparecer
El riesgo en la desaparición del Fonden es que el gobierno federal no cuente con recursos inmediatos para atender consecuencias catastróficas por fenómenos naturales como huracanes, sismos y de otro tipo que generen daños a viviendas o servicios de infraestructura, advierte Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana.
“No voy a caer en la falacia de que sin Fonden no se puede hacer nada en caso de un huracán. Sí creo que ilustra un problema, porque se necesitan instrumentos como los Fondos de emergencia que tienen que tener una lógica administrativa distinta a la presupuestal, para atender estos siniestros”, advierte Bohórquez en entrevista con Forbes México.
Explica que para orientar recursos ante la ocurrencia de un desastre natural se tendría que solicitar modificaciones presupuestales que incluso podrían ser sometidas a la valoración de la Cámara de Diputados, lo que podría desembocar en “amagos políticos”.
“El propio gobierno ha hecho modificaciones para el tema de la pandemia, ha tenido que modificar partidas presupuestales, reoriento algunos gastos, esa flexibilidad la tiene porque tiene mayoría apabullante en el Congreso ¿qué pasaría si tuviera una composición política diferente? A lo mejor el Congreso los haría rehén de un juego político, para eso sirve un fondo como el Fonden, tener flexibilidad, despolitizar y despartidizar algunas decisiones”, señala.
Entre las modificaciones que se pudieron integrar a este Fondo, Bohórquez señala la renuncia al secreto bancario, publicar todas sus cuentas y transparentar de manera radical sus gastos.