En un escándalo que sacude las estructuras del gobierno de Layda Sansores en Campeche, se revela una trama de corrupción que vincula directamente a su Secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, en una adjudicación directa millonaria a una empresa de reciente creación y sin historial de obras.
La Constructora Silto, S.A. de C.V., establecida legalmente el 24 de febrero de 2022, fue beneficiada con un contrato sin licitación pública por un valor de 76 millones 920 mil 350 pesos. Este contrato, destinado a la construcción del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-5) de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche, se realizó sin considerar a otras empresas y sin justificación aparente.
La polémica se intensifica al descubrir que, según registros públicos, hasta el 15 de diciembre de 2023, la Plataforma Nacional de Transparencia no registraba ningún contrato previo de la Constructora Silto. Además, la empresa solo reporta un contrato hasta la fecha, precisamente el otorgado por el gobierno de Sansores. Esta situación arroja serias dudas sobre la experiencia y capacidad de la empresa para llevar a cabo una obra de tal envergadura.
El contrato, con un plazo de ejecución de 108 días naturales, tenía como fecha límite el 31 de marzo de 2024. Sin embargo, la Constructora Silto no cumplió con la entrega de la obra en el plazo estipulado, generando preocupación y descontento entre los ciudadanos de Campeche.
Un aspecto aún más cuestionable es el domicilio registrado de la empresa, ubicado en una unidad habitacional en Tláhuac, Ciudad de México, donde no hay evidencia de su actividad comercial. Esta falta de transparencia en la dirección de la empresa añade más sospechas sobre la legitimidad de sus operaciones.
La estrecha relación entre Layda Sansores y Marcela Muñoz se pone en tela de juicio ante este escándalo de corrupción, especialmente en un momento en que el gobierno enfrenta críticas por la gestión de la seguridad pública, como lo evidenció la reciente agresión a policías estatales en el penal de Kobén.
Este caso subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público, así como la necesidad de investigar y sancionar los actos de corrupción que socavan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones gubernamentales.
La Gobernadora prefiere seguir defendiendo lo indefendible que acatar el sentir del pueblo Campechano, los últimos videos que publico en sus redes sociales solo dejan peor parado a sus “adoradores” que ya no saben ni que decir porque defender a la Gobernadora es imposible.
