El Pleno del Senado de la República aprobó la Reforma Judicial con 86 votos a favor y 41 en contra.
Se trata de un cambio constitucional que transformará radicalmente al Poder Judicial:
Establece el mecanismo de elección popular para la designación de jueces, magistrados y ministros.
Ordena la sustitución de 1,700 juzgadores federales mediante procesos electorales en 2025 y 2027.
Reduce el Pleno de la Suprema Corte a una sola Sala de nueve ministros.
Limita el alcance del juicio de amparo y de las acciones de inconstitucionalidad.
Estipula la creación de un Tribunal de Disciplina con capacidades discrecionales de sanción.
Avala la figura de jueces sin rostro, un polémico mecanismo de protección a juzgadores en casos de seguridad nacional.
Contexto: La iniciativa fue aprobada en un clima de hostilidad del oficialismo contra la oposición, marcado por la retención ilegal de un senador de Movimiento Ciudadano (Daniel Barreda), por la represión policial de protestas afuera fe la sede alterna del Senado en la Casa de Xicoténcatl y por la presión judicial contra el senador panista Miguel Yunes Márquez, quien otorgó el voto decisivo para la mayoría calificada.
Aunque la Reforma Judicial aún debe ser aprobada por al menos 17 legislaturas estatales, es altamente probable que las modificaciones constitucionales sean avaladas dado el control político de Morena en el territorio.
El consenso de analistas advierte que la Reforma Judicial representa un instrumento de control político diseñado para concentrar poder en el Ejecutivo. Además, señalan que no resuelve los problemas actuales de nepotismo, impunidad y corrupción en el sistema judicial.
La Reforma Judicial tampoco abarca los dos sectores más críticos del sistema de justicia: los ministerios públicos y los tribunales locales.
