Trabajadoras petroleras son víctimas de agresión sexual en el Centro de Proceso Pol-A de la Sonda de Campeche

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El encargado de producción habitacional Proceso Pol-A, en la Sonda de Campeche y Litoral Tabasco, Sergio Fierro González, fue acusado de proteger a Iván Herrera, con número de ficha 336302, perteneciente a la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de laT República Méxicana (STPRM), por atenctados al pudor, violación a la privacidad e integridad de trabajadoras al fotografiarlas y grabarlas con el celular en el baño.

Testigos señalan que el empleado acusado con el número de Ficha 336302, atentó y violó la privacidad e integridad de las trabajadoras que laboran en la Sonda de Campeche; tras varios días de cometer la agresión sexual, el trabajador permaneció a bordo sin alguna sanción a pesar de que se comprobó su culpabilidad.

Presuntamente, durante una investigación interna se observó que el plafón pegado a una habitación se hallaba fuera de su lugar y a través de éste encontraron un aparato móvil que pertenecía al veracruzano Herrera Rivera. Sorprendido alegó que no es el único hombre que duerme ahí.

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Además, el supuesto responsable asegura que tiene el respaldo del jefe de producción, Sergio Fierro González, y de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros, por lo que ha tomado represalias en contra de las víctimas, a quienes han difamado y amenazado con despedirlas para que desistan de denunciar.

En tanto, las víctimas se sienten intimidadas e inseguras en su espacio laboral ya que no es la primera vez que ocurre un caso que atente contra su integridad e intimidad; asimismo, temen que haya más empleados involucrados.

“Este hecho no debe pasar desapercibido, ni quedar impune, que trascienda para que las mujeres sean tratadas con el mismo respeto en este ámbito laboral”, citan testigos.

Víctimas y compañeros exigen justicia ante tal situación, además de que Pemex cumpla con su política de cero tolerancias e implemente acciones disciplinarias ejemplares para evitar ser víctimas de violencia sexual.

“Se espera que con la investigación logren castigar a los responsables a y a los demás implicados para que las trabajadoras permanezcan seguras, ya que ahora se cuestionan ¿desde hace cuánto tiempo lo hace? ¿cuántas mujeres han sido víctimas? Además, si han compartido esos videos y fotos”, relatan.

Tras ello piden que apoyo y justicia y que se aplique la Ley Olimpia, ya que se trata de un caso donde se expone a su persona y temen que se pueda difundir o reproducir fotos o videos de contenido sexual íntimo sin su consentimiento atentando contra la integridad, la libertad, la vida privada y los derechos.

Dicha Ley establece que, a través de medios tecnológicos, y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres y hombres causando daño psicológico, económico o sexual. Además, la ley hace referencia a actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada. También a la difusión de contenido sexual sin consentimiento y a través de redes sociales. Además de definir un marco para inscribir el concepto de violencia digital en el código penal, prevé agravantes para aquellos casos en los que el divulgador haya mantenido un vínculo personal con la víctima, ya sea sentimental o de trabajo.