El Parlamento de Irán acentuó este miércoles la presión sobre las mujeres que se niegan a usar el velo en la República Islámica, al aprobar un proyecto de ley que endurece las sanciones que pueden llegar hasta la prisión.
Tras meses de discusiones, los diputados aprobaron por 152 votos a favor, 34 en contra y siete abstenciones la implementación del proyecto de ley titulado “Apoyo a la cultura de la castidad y el velo”.
El texto fue adoptado cuatro días después del primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, el 16 de septiembre de 2022 tras haber sido detenida por la policía por vulnerar presuntamente el estricto código de vestimenta para las mujeres.
Esta muerte provocó un amplio movimiento de protesta en el país y relanzó el debate sobre uno de los pilares ideológicos de la República Islámica desde la caída del sah en 1979.
El proyecto de ley aprobado este miércoles prevé sanciones financieras por “la promoción del desnudo” o la “burla del hiyab” en los medios y las redes sociales, así como multas y prohibiciones de salir del país para los propietarios de empresas cuya empleadas no utilicen velo.
¿Cuáles son las penas en Irán por no llevar velo?
“Los vehículos en los que la conductora o la pasajera no lleve hiyab o vista vestimentas inapropiadas podrán sufrir multas de 5 millones de rials” (unos 10.7 dólares), indica además el texto.
Se considera “inapropiado” utilizar una vestimenta “ajustada” o que “exhiba una parte del cuerpo”.
“Toda persona que” comete el delito “de no llevar velo o llevar vestimentas inapropiadas en cooperación con los gobiernos, medios, grupos u organización extranjeras u hostiles (a la República Islámica) o de manera organizada, será condenada a una pena de prisión de cuarto grado”, es decir entre 5 y 10 años, precisa el proyecto.
Actualmente, el hecho de aparecer “en público sin el velo musulmán” puede ser castigado con una “pena de prisión de diez días a dos meses”.
Los diputados aprobaron el proyecto de ley “por un periodo de prueba de tres años”.
Para convertirse en ley, el texto tiene que recibir la luz verde del Consejo de los Guardianes de la Constitución.
